Preocupación del Sindicato de Prensa Rosario por limitaciones en la cobertura periodística del juicio a represores

Basándose en esta preocupación, el SPR pidió formalmente “una audiencia con el fin de expresar ante los miembros del Tribunal Oral Nº 2 las objeciones que surgen después de un detenido análisis de la Acordada 6/2010 que adoptó un carácter restrictivo al disponer la prohibición de que se ingrese a la sala de audiencias, o bien al denominado anexo, con los instrumentos de trabajo indispensables para el trabajo periodístico, esto es grabadores, videofilmadoras, cámaras fotográficas, celulares y cualquier otro medio o equipo técnico que permita la grabación, transmisión o reproducción de las sucesivas audiencias de las que se componga el juicio”. Desde esa institución se entiende que “lo dispuesto encierra una visión acotada del trabajo periodístico que lo posiciona en una suerte de esfuerzo para la apropiación personal de la información, cuando, por el contrario, debiera ubicarse como nexo indispensable entre la información y el público”.



Los instrumentos de trabajo citados “revisten el carácter de indispensables porque son, en sí mismos, el soporte y el reaseguro de la tarea profesional, sobre todo cuando se trata de la de mucha exigencia. Por otra parte, y tal como lo consideran algunos especialistas del Derecho, para el caso Gabriel Anitua, en su artículo ‘El principio de publicidad procesal penal: un análisis con base en la historia y el derecho comparado’, en una sociedad efectivamente mediática, para la mayoría de las personas, los medios de comunicación son casi la única posibilidad de conocer las alternativas del histórico juicio que comenzará mañana. Creer que el principio de publicidad de los actos de gobierno y ‘el control ciudadano se satisface con sólo permitir que las personas concurran a los juicios es una visión, en cierto modo, superficial…’, como sostiene Alberto Binder citado por Anitua. Una mención aparte merece, lo exiguo de la sala que no alcanza ni siquiera a albergar a los más allegados a la causa como representantes de los organismos de derechos, humanos, víctimas y querellantes, familiares, asesores legales”.



Por todo lo expuesto, el SPR “aguarda que el TOF Nº 2 tenga en cuenta los argumentos ampliados que le presentamos por nota, modifique la acordada y permita una cobertura periodística en un todo de acuerdo con las leyes, pero también en resguardo del derecho a la información de la sociedad”.



Rosario, 20 de julio de 2010



EL JUICIO ORAL POR LA CAUSA DÍAZ BESSONE

A partir de este miércoles 21 de julio tiene lugar en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de Rosario el juicio oral por la causa Díaz Bessone. Son juzgados seis represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el principal centro clandestino de detenciones de la ciudad.



La primera audiencia comenzó a las 9.30 en los tribunales federales de bulevar Oroño, aunque desde las 9.00 el Espacio Juicio y Castigo -que reúne a víctimas, querellantes y organismos de derechos humanos- realizó una radio abierta hasta el mediodía, que desembocó en una caravana en bicicleta por sitios donde fueron detenidos algunas de las víctimas.



En esta primera parte de la causa Díaz Bessone se juzga a un militar retirado, cuatro ex policías rosarinos y un civil que fue cómplice de la represión, a quienes se les imputa privación ilegítima de la libertad, homicidio y tormentos en múltiples casos.



Todos están procesados, además, por asociación ilícita.



El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, los mismos que meses atrás llevaron adelante el primer juicio local por violaciones a los derechos humanos en la causa conocida como Guerrieri-Amelong, en la que todos los imputados fueron condenados.



El equipo fiscal, por su parte, está integrado por Gonzalo Stara, Mabel Colalongo y Mario Gambacorta, mientas que la defensa de los imputados ES ejercida por defensores oficiales, con excepción del ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, quien contrató al abogado Gonzalo Miño.



Los seis imputados en esta parte del expediente que llega a juicio oral son Díaz Bessone; José Rubén Lo Fiego, ex oficial principal de la policía durante la última dictadura; Mario Alfredo Marcotte, quien tuvo el mismo rango policial; Ramón Rito Vergara, ex suboficial de la policía de Santa Fe; José Carlos Antonio Scortechini, ex comisario principal de la policía local; y Ricardo Miguel Chomicky, un civil que fue cómplice de la represión ilegal.



El juicio tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado, mientras que los testigos ofrecidos por la querella llegan a 180, por lo que se estima que las audiencias se extenderán por lo menos hasta fin de año.



Salvo Díaz Bessone, que cumple prisión domiciliaria, los restantes imputados aguardan el juicio en libertad por decisión de distintos tribunales.



Desde el Espacio Juicio y Castigo pidieron que los acusados sean detenidos durante la tramitación del juicio oral para garantizar la seguridad de testigos, víctimas y querellantes.



“Hay antecedentes y jurisprudencia al respecto en otras causas, y no queremos que las víctimas se encuentren en la calle con sus verdugos, como ya ocurrió en algunos casos”, explicó a Télam Juan Emilio Basso, de la organización Hijos.



El dirigente también recordó que tanto el programa Verdad y Justicia del gobierno nacional como la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe realizaron sendas presentaciones con el mismo objetivo, pero aún no fueron resueltas por el TOF 2.



Los delitos que se juzgarán a partir del miércoles fueron cometidos durante 1976 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario, que se convirtió en el principal centro clandestino de detenciones de la ciudad y por donde se estima que pasaron entre 1.800 y 2.000 detenidos desaparecidos.



Actualmente funciona en el lugar, en la esquina de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de Rosario, el Centro Popular de la Memoria, administrado por las víctimas y organismos defensores de los derechos humanos. (Foro en Defensa de los Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe, Segunda Circunscripción Judicial)..